FAMILIA KIM RESPONDE A LA IMPUTACIÓN Y ACUSA A SOCIOS DE APROPIARSE DE INGRESOS DEL SHOPPING PARÍS
La familia de Ana Kim Jang, conocida como “Ana Coreana”, rechazó las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo que el conflicto con la Familia Kao/Wang corresponde a una disputa societaria. También denunció presuntas irregularidades en el manejo de ingresos provenientes de espacios comerciales del Shopping París.
La influencer Ana Kim Jang, conocida como “Ana Coreana”, difundió un comunicado en representación de su familia luego de ser imputada, junto con su hermana Elizabeth, por presunta estafa, apropiación y otros hechos relacionados con un conflicto social en la empresa K & K Shopping's SA.
En el documento, la Familia Kim rechaza las acusaciones y presenta su propia versión de los hechos. Según sostienen, integrantes de la Familia Kao/Wang habrían ocupado y alquilado espacios del Shopping París a terceros sin autorización de la empresa, mientras que los ingresos obtenidos presuntamente fueron depositados en cuentas personales de Susana Wang Hsiao Mua y Rosana Ming Kao.
La familia fundadora afirma además que desde el año 2009 trabajó de manera exclusiva la administración y gestión del Shopping París. En ese sentido, sostiene que los demás socios “nunca trabajaron en la obra, no asistían a los asuntos sociales, no asumían riesgos y desalentaban las inversiones”.
Uno de los principales puntos cuestionados en la causa es la modificación de la participación accionaria. Sobre este aspecto, la Familia Kim asegura que el cambio fue consecuencia de nuevas inversiones realizadas exclusivamente por su grupo familiar y que la modificación fue aprobada mediante Asamblea Extraordinaria y Ordinaria, con respaldo de la Abogacía del Tesoro.
El comunicado también cuestiona la vía judicial utilizada para resolver la controversia. “Es grave que, mediante maniobras cuestionables, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria con el fin de obtener beneficios indebidos”, expresa la familia, que denuncia una presunta “instrumentalización judicial”.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación y planteó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los cinco imputados.
La causa continúa en etapa investigativa y las acusaciones y señalamientos de ambas partes deberán ser determinados dentro del proceso judicial correspondiente.
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